En el mes de octubre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo varios procesos de allanamiento de domicilios pertenecientes a diferentes empresas de taxis que mantenían en condiciones de contratación irregulares a más de 450 choferes. Estas entidades mantenían “en negro” a sus empleados, lo cual provocó un perjuicio fiscal de al menos 18 millones de pesos durante los últimos tres años.
La maniobra pudo ser detectada gracias a que la AFIP descubrió que había un importante número de choferes que no estaban registrados en la Obra Social de los Peones de Taxis de CABA (OSPETAX) y que tampoco tenían al día los aportes previsionales correspondientes. Luego de un arduo proceso de investigación, la entidad a cargo de Ricardo Echegaray pudo comprobar que se habían creado más de 355 sociedades de taxis que mantenían a sus choferes en calidad de socios para ocultar su real condición de empleados. De esta manera, las empresas no tenían la obligación de hacer efectivo el pago de seguridad social y jubilación de los choferes. Estas sociedades estaban inscriptas con el mismo objeto, constituidas por los mismos socios y poseían el mismo domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tras la presentación realizada por la AFIP, quien emitió Reportes de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1 dio lugar a los allanamientos donde se pudo comprobar las irregularidades que padecían los choferes. Consecuentemente, la AFIP desactivó los CUIT de estas sociedades así como también el de las personas involucradas en este delito aunque la pena real que puede dictaminar el Juzgado va de dos a seis años de prisión.
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